Hoy quiero hacer un pequeño y preciso análisis de lo que actualmente pasa con la problemática de la Ley General de Educación, el bando opositor, y el sector político, donde el último tiene los ánimos bastante divididos.
Las manifestaciones de los estudiantes, tanto en Valparaíso como en el resto de las regiones han sido intensas, y parecen no acabar. Estan sufriendo una transformación, que va desde la pacifidad hacia la violencia casi extrema.
Obviamente no podemos generalizar, pero cuando tratan de tomarse las sedes de los partidos de forma "non grata" por decirlo de esa forma. Cuando ya la violencia se vuelve LA alternativa para poder ser escuchados, creo que la manifestación comienza a perder credibilidad y sustento.
Si bien continúan tomados los colegios y las universidades, algunos en paro, otros movilizados, parece que el gobierno hace caso omiso a las peticiones de éstos, y continúa con la proceso de votación y promulgación de la ley.
El Colegio de Profesores tampoco ha tenido relevancia en el tema. Y eso que ayer fue protagonista de la discusión en el parlamento del proyecto de ley.
Por otro lado, en el bloque político, pareciera que existe un cordón que los aísla del resto del mundo. Todo sigue como si nada pasara, como si no hubieran protesta, tomas y mobilizaciones en muchas regiones, y hacen caso omiso a los planteamientos de la propia ciudadanía. Hoy la aprobación de la LGE se ha convertido en una prueba de gobernabilidad para la concertación, y esa prueba se está viendo. Con tan sólo 28 votos asegurados, y un acuerdo con la alianza, el tema es "aprobar la ley cueste lo que cueste".
Ciertamente acá hay 2 escenarios posibles, donde uno puede resultar tan difícil de creer como el otro.
Por un lado, el gobierno puede lograr los votos necesarios para aprobar en la cámara de diputados el proyecto de ley, pasando al siguiente desafío, el senado, donde no hay nada asegurado.
Por otra parte, las movilizaciones continúan, pero si el proyecto de ley no se logra aprobar en la primera instancia, la estrategia del gobierno tendrá que cambiar. Ese cambio es incierto.
¿Podría darse el escenario de que el ejecutivo se abra a incluir la particiación de la ciudadanía (estudiantes, profesores y apoderados) en una reforma al nuevo proyecto, que se sabe, contiene vacíos?
De ser aprobada como nueva ley, ¿Qué pasará con los movimientos estudiantiles y profesores? ¿Se agravarían los ánimos?
¿Qué ocurrirá en el futuro?
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